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Cuando las promesas dejan de resolver y el poder político comienza a convertirse en parte del problema.
Pronóstico Reservado | La Trama del Mundo
16 de octubre de 2026
Por Gisela Cecilia Ontiveros
1. La promesa que ya no convence
En distintos países, los gobiernos vuelven a presentar soluciones para problemas que llevan años condicionando la vida de sus ciudadanos.
Brasil promulgó el 16 de octubre una reforma constitucional para reducir gradualmente la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, sin disminución salarial, y establecer dos días de descanso remunerado. Para los trabajadores representa una modificación concreta de sus condiciones laborales; para las empresas abre interrogantes sobre productividad, costos y contratación. La reforma llega en un escenario de competencia política y debate sobre las condiciones de vida.
En España, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó el 6 de octubre dos reales decretos ley que reúnen 21 medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Incluyen incentivos fiscales, apoyos para la adquisición de vivienda y mecanismos destinados a incrementar la oferta. Sin embargo, su continuidad depende de la convalidación parlamentaria, en un contexto de dificultades para reunir los apoyos necesarios. El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas económicos y sociales del país.
Francia enfrenta otra expresión del mismo malestar. El debate sobre salarios, gasto público, servicios y desigualdad atraviesa las propuestas de fuerzas políticas enfrentadas, mientras se aproxima la elección presidencial de 2027.
Estados Unidos celebrará elecciones legislativas el próximo 3 de noviembre. Se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. Más allá de la disputa partidista, los electores volverán a evaluar las decisiones económicas y políticas de quienes gobiernan.
Los escenarios son diferentes. También lo son sus instituciones y sus problemas. Pero comparten una tensión: la distancia entre las expectativas que despierta la política y la capacidad de producir resultados duraderos.
¿Estamos frente a una sucesión de promesas insuficientes o ante dificultades estructurales que ningún cambio de gobierno consigue resolver por sí solo?
2. El ciudadano que pierde terreno
Durante décadas, la estabilidad de la clase media estuvo asociada con una expectativa: trabajar, progresar, adquirir vivienda, ahorrar y ofrecer mejores oportunidades a la siguiente generación.
Esa expectativa se ha vuelto más difícil de sostener para numerosos hogares.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) documentó que, en promedio, la proporción de personas pertenecientes a hogares de ingresos medios en sus países miembros pasó del 64 % a mediados de los años ochenta al 61 % a mediados de la década de 2010.
El organismo también identificó presiones derivadas del encarecimiento de la vivienda, el menor crecimiento relativo de determinados ingresos y las dificultades para acumular patrimonio.
No significa que todas las clases medias estén disminuyendo al mismo ritmo ni que todos los países compartan idénticas condiciones. Significa que existe un problema suficientemente extendido para cuestionar una de las promesas centrales del desarrollo económico: que el crecimiento se traduzca en oportunidades de progreso.
La vivienda es especialmente reveladora. Cuando una parte creciente del ingreso familiar debe destinarse al alquiler o al pago de una hipoteca, disminuyen las posibilidades de ahorrar, emprender o enfrentar una emergencia.
La presión económica también tiene una dimensión política.
Un ciudadano preocupado permanentemente por conservar su empleo, pagar su vivienda o sostener a su familia puede disponer de menos tiempo y recursos para participar en los asuntos públicos.
La libertad política existe en las leyes, pero su ejercicio también depende de las condiciones materiales de las personas.
Esta relación no convierte automáticamente la desigualdad económica en desafección democrática. Sí obliga a investigar hasta qué punto la pérdida de seguridad económica debilita la autonomía ciudadana.
3. El poder que no cambia
La democracia representativa permite sustituir gobiernos mediante elecciones. Pero cambiar a quienes ocupan los cargos no significa necesariamente modificar las estructuras que influyen en sus decisiones.
Los partidos, las organizaciones empresariales, los sindicatos, los contratistas y otros grupos de interés participan de distintas maneras en la elaboración de políticas públicas.
Esa participación puede ser legítima y aportar información valiosa. El problema aparece cuando el acceso a las autoridades es desigual, las negociaciones no son transparentes o determinados intereses adquieren una influencia desproporcionada.
México ofrece un ejemplo reciente.
Durante la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, la Cámara de Diputados aprobó una modificación al Programa de Regularización Fiscal para eliminar el límite de 300 millones de pesos de ingresos anuales que restringía el acceso al beneficio.
El diputado Ricardo Monreal relacionó públicamente esa modificación con una reunión previa entre la presidenta Claudia Sheinbaum y representantes del Consejo Coordinador Empresarial.
Es importante precisar el alcance de la medida: no se trató de eliminar el impuesto sobre la renta ni de condonar automáticamente el impuesto principal adeudado. El programa contempla la posibilidad de regularizar adeudos con reducciones de multas, recargos y determinados gastos, bajo condiciones específicas.
Al 16 de octubre, la modificación había sido aprobada por la Cámara de Diputados y continuaba su trámite legislativo en el Senado. No debe confundirse esa aprobación con su entrada definitiva en vigor.
La pregunta relevante no es si los empresarios tienen derecho a plantear solicitudes. Lo tienen.
La pregunta es cómo se garantiza que todos los sectores sociales dispongan de oportunidades efectivas para influir en las reglas que los afectan.
¿Cuál fue la justificación económica de la modificación? ¿Qué contribuyentes podrán utilizarla? ¿Cuál será su efecto recaudatorio? ¿Qué canales existen para que trabajadores, pequeños contribuyentes y ciudadanos sin representación organizada presenten propuestas equivalentes?
Estas preguntas deben responderse con documentos, no con suposiciones sobre las intenciones de los participantes.
El caso permite observar una cuestión más amplia: entre la necesidad del ciudadano y la decisión pública existe una cadena de intermediación política, administrativa y económica.
Algunos de esos eslabones son indispensables para proteger derechos, verificar información y evitar abusos. Otros pueden introducir costos, demoras o espacios de discrecionalidad.
La alternancia electoral no garantiza, por sí sola, que esa cadena se vuelva más transparente o que responda mejor a la sociedad.
4. ¿Quién debe decidir?
Imaginemos una ciudad donde cientos de familias comienzan a reportar interrupciones en el suministro de agua.
En la administración tradicional, cada reporte puede recorrer distintas oficinas antes de llegar al organismo responsable. Los ciudadanos desconocen si el problema es una fuga, una falla de bombeo, una decisión de distribución o una insuficiencia de infraestructura.
Ahora imaginemos otro procedimiento.
Los vecinos registran las incidencias en una plataforma pública. Un sistema de inteligencia artificial agrupa los reportes, identifica patrones territoriales y los contrasta con información técnica disponible.
El organismo correspondiente verifica el problema, publica un diagnóstico, asigna recursos y establece un plazo de atención.
Los ciudadanos pueden consultar el avance, conocer el costo de la intervención y confirmar si el servicio fue restablecido.
La inteligencia artificial no decide qué derechos tienen los vecinos ni sustituye a los técnicos. Ayuda a procesar información, detectar necesidades y hacer verificable la respuesta administrativa.
Este modelo no es enteramente hipotético.
En Brasil, la Contraloría General de la Unión utiliza ALICE, una herramienta de análisis automatizado que examina contrataciones públicas e identifica riesgos e inconsistencias para facilitar auditorías preventivas.
En Barcelona, la plataforma digital de participación Decidim permitió desarrollar un proceso de presupuestos participativos para 2020-2023. Se destinaron 30 millones de euros, se recibieron 1.982 propuestas y se seleccionaron 76 proyectos para su ejecución. Decidim no es una inteligencia artificial, pero demuestra que una infraestructura digital puede facilitar decisiones presupuestarias con intervención ciudadana.
Ambas experiencias apuntan hacia posibilidades distintas y complementarias: supervisar mejor la administración y ampliar la participación en las decisiones.
Pero también exponen sus límites.
Una plataforma no garantiza por sí sola que una decisión sea justa. Un algoritmo puede equivocarse, reproducir sesgos o ser manipulado. Un sistema digital puede excluir a quienes carecen de conectividad. Y una infraestructura de datos concentrada en el gobierno o en una empresa puede crear nuevas dependencias.
Por eso, la transformación tecnológica necesita reglas públicas, protección de datos, auditorías independientes y mecanismos para impugnar decisiones.
Aquí surge una pregunta institucional más profunda: ¿cuántas funciones administrativas podrían simplificarse y cuántos niveles de intermediación dejarían de ser necesarios si el ciudadano dispusiera de mejores instrumentos para participar y supervisar?
La discusión no consiste únicamente en reducir el tamaño del Estado.
Consiste en determinar qué funciones son indispensables, cuáles pueden reorganizarse y cómo garantizar que el poder público permanezca limitado y sometido a la ciudadanía.
Un aparato administrativo más pequeño no implica necesariamente menos concentración de poder. Tampoco una administración más extensa garantiza mejores servicios.
Lo decisivo es quién decide, quién ejecuta, quién supervisa y quién responde cuando algo falla.
5. El péndulo agotado
Los datos de opinión pública sugieren que el problema no se limita a un país.
En una encuesta realizada entre febrero y mayo de 2026, Pew Research Center encontró que el 69 % de los adultos consultados en Estados Unidos y Francia, y el 68 % en España, estaban insatisfechos con el funcionamiento de sus respectivas democracias.
Son mediciones de satisfacción, no de rechazo a los principios democráticos. Esa distinción importa.
La frustración con los resultados de un sistema no significa necesariamente que los ciudadanos deseen abandonarlo. Puede expresar, precisamente, una demanda de mejores mecanismos de representación, participación y rendición de cuentas.
Frente a ese escenario se abren tres posibilidades.
La primera es la continuidad: los partidos seguirán compitiendo mediante nuevas promesas, mientras las estructuras de decisión cambian lentamente.
La segunda es una concentración mayor del poder, apoyada en herramientas digitales capaces de ampliar la capacidad de gobiernos y corporaciones para administrar información y condicionar decisiones.
La tercera es una transformación institucional en la que la tecnología facilite una participación ciudadana más directa, una administración más verificable y controles más efectivos sobre quienes ejercen funciones públicas.
Ninguno de estos escenarios está predeterminado.
La inteligencia artificial puede contribuir a reducir burocracia, detectar irregularidades y mejorar servicios. Pero no reemplaza la deliberación democrática ni resuelve por sí sola la desigualdad económica.
Tampoco basta con cambiar el procedimiento de votación. Una democracia necesita proteger derechos individuales, evitar que las mayorías actúen sin límites y garantizar que el acceso a la participación no dependa de la riqueza, la educación o la capacidad tecnológica.
La investigación nos devuelve entonces a la hipótesis inicial.
Las promesas electorales no han dejado de producir cambios. La reforma laboral brasileña y las medidas españolas sobre vivienda muestran que las decisiones políticas pueden modificar reglas o proponer nuevas asignaciones de recursos. Sus resultados, sin embargo, deberán evaluarse con el tiempo.
Lo que permanece abierto es si esas respuestas serán suficientes para corregir las presiones económicas y las distancias institucionales que alimentan el descontento.
Quizá el agotamiento del péndulo no signifique el final de la alternancia, sino el reconocimiento de sus límites.
Cambiar de gobernantes puede ser necesario. Pero no siempre es suficiente para cambiar la relación entre el ciudadano y el poder.
La próxima transformación democrática podría no depender únicamente de quién gana una elección, sino de cuánto poder puede ejercer cualquier gobierno sin supervisión efectiva.
Porque el servidor público administra una responsabilidad delegada. No es propietario de ella.
Y una democracia no se mide solamente por la posibilidad de elegir a quienes gobiernan, sino también por la capacidad de los ciudadanos para exigir resultados, establecer límites y conservar el control sobre las decisiones que condicionan sus vidas.
El péndulo sigue moviéndose. La pregunta es si todavía está corrigiendo el rumbo.
Pronóstico Reservado — La Trama del Mundo
Bibliografía
Fuentes oficiales, investigaciones y referencias periodísticas. Consulta editorial: 16 de octubre de 2026.
I. Actualidad política y económica
1. Brasil — Reforma de la jornada laboral
Ministério do Trabalho e Emprego. (16 de octubre de 2026). Congresso Nacional promulga PEC que reduz jornada de trabalho e estabelece dois dias de descanso remunerado.
2. España — Medidas de vivienda
Gobierno de España, La Moncloa. (6 de octubre de 2026). Consejo de Ministros: medidas para facilitar el acceso a la vivienda.
3. Francia — Propuestas económicas y elecciones de 2027
Le Monde. (7 de octubre de 2026). With a financial crisis looming, what promises can French presidential candidates make?
4. Francia — Propuesta presupuestaria de Marine Le Pen
Le Parisien / AFP. (6 de octubre de 2026). « Baisser le déficit laissé par Macron » : économies, impôts, retraite… Marine Le Pen dévoile son projet budgétaire pour 2027.
5. Francia — Presupuesto alternativo de La Francia Insumisa
Le Monde. (16 de octubre de 2026). Mélenchon’s alternative budget: The uncertain gamble of a stimulus plan.
6. Estados Unidos — Elecciones intermedias
USAGov. (Actualizado el 19 de febrero de 2026). Elecciones legislativas y elecciones intermedias.
7. México — Modificación fiscal
Canal del Congreso. (16 de octubre de 2026). Modificación a Ley de Ingresos busca ampliar beneficios fiscales sin condonar impuestos.
II. Clase media, desigualdad y democracia
8. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2019). Under Pressure: The Squeezed Middle Class. OECD Publishing.
9. OCDE. (2024). Anti-Corruption and Integrity Outlook 2024. OECD Publishing.
10. Pew Research Center. (10 de junio de 2026). Americans are more dissatisfied with how their democracy is working than people in other high-income countries.
11. Pew Research Center. (28 de febrero de 2024). Representative Democracy Remains a Popular Ideal, but People Around the World Are Critical of How It’s Working.
III. Inteligencia artificial, administración y participación ciudadana
12. Controladoria-Geral da União, Brasil. ALICE: Analisador de Licitações, Contratos e Editais. Documentación institucional.
13. Decidim. Participatory Budgets 2020–2023 in Barcelona. Estudio de caso sobre participación ciudadana y presupuestos municipales.
14. Comisión Europea. AI Act: Regulatory framework for artificial intelligence. Marco regulatorio europeo de inteligencia artificial.
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