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Por Gisela Cecilia Ontiveros

Pronóstico Reservado|Episodio 19

Washington.

La ciudad comienza a recuperar su ritmo después de una noche electoral que ha dejado más preguntas que respuestas.

En las pantallas, los mapas cambian de color. Los últimos resultados llegan mientras los analistas intentan explicar lo ocurrido.

En el Capitolio, las luces permanecen encendidas.

A unas calles de distancia, la Casa Blanca continúa bajo el mando del mismo presidente.

Donald Trump no ha perdido la presidencia.

Pero algo ha cambiado en el equilibrio del poder.

Sobre mi escritorio descansan los resultados electorales, las cifras económicas y una serie de documentos que cuentan una historia más compleja que la de vencedores y vencidos.

Las urnas han modificado la composición del Congreso.

Sin embargo, las decisiones que marcaron los meses anteriores siguen teniendo consecuencias dentro y fuera de Estados Unidos.

La guerra, la energía, los mercados y la economía de millones de familias no se detienen cuando termina una elección.

Y entonces aparece una pregunta.

¿Qué sucede cuando los ciudadanos deciden poner límites al poder, pero quienes lo ejercen todavía conservan instrumentos para seguir actuando?

La hipótesis de esta investigación es que las elecciones de noviembre de 2026 pueden elevar los costos políticos, presupuestarios e institucionales de determinadas decisiones presidenciales, sin eliminar las facultades constitucionales de Donald Trump.

El alcance de esos límites dependerá de la capacidad del nuevo Congreso para ejercer sus atribuciones, de las decisiones de la Casa Blanca y de las respuestas de los demás actores nacionales e internacionales.

Quizá las elecciones no hayan cerrado una etapa.

Quizá solamente hayan colocado una nueva ficha sobre el tablero.

Y ahora habrá que descubrir quién puede moverla.

Y quién está dispuesto a hacerlo.

Capítulo I — Después de las urnas

La elección del 3 de noviembre de 2026 no había sido una elección presidencial.

Los estadounidenses habían acudido a las urnas para renovar la Cámara de Representantes y una parte del Senado, además de elegir autoridades estatales y locales.

Sin embargo, sus decisiones modificaban las condiciones políticas bajo las cuales Donald Trump tendría que ejercer los dos años restantes de su mandato.

Associated Press proyectó el control demócrata del Senado durante la noche electoral del 3 de noviembre y el de la Cámara de Representantes durante la madrugada del día siguiente.

Los demócratas habían recuperado ambas cámaras.

Los republicanos conservaban la Casa Blanca.

Pero el resultado planteaba una pregunta que no podía responderse únicamente contando escaños.

¿Qué estaban intentando expresar los ciudadanos mediante su voto?

Las señales venían de antes. El 15 de octubre, Associated Press y el centro NORC publicaron una encuesta realizada entre el 8 y el 12 de octubre a 1119 adultos. El 85 por ciento consideraba la economía uno de los asuntos más importantes para decidir su voto. El 84 por ciento señalaba el costo de la vida. El 64 por ciento mencionaba la guerra contra Irán.

Una encuesta podía mostrar inconformidad. No demostraba que cada aumento de precios fuera consecuencia exclusiva de una decisión presidencial. Pero el malestar tenía efectos políticos.

Después de la elección apareció una segunda evidencia.

La encuesta electoral de Associated Press ofrecía algunas pistas.

Aproximadamente cuatro de cada diez votantes identificaban la economía como el principal problema que enfrentaba Estados Unidos.

Cerca de tres de cada diez señalaban el estado de la democracia.

La migración y la atención médica también aparecían entre sus preocupaciones, aunque con menor frecuencia: cerca de uno de cada diez votantes señaló cada una como el principal problema.

No se trataba de motivaciones idénticas.

Para algunos ciudadanos, la preocupación estaba en los precios, los ingresos y la capacidad para sostener sus hogares.

Para otros, el problema se encontraba en el funcionamiento de las instituciones y en los controles sobre el poder presidencial.

Y ambas preocupaciones podían coexistir.

Las decisiones económicas podían afectar directamente la vida cotidiana.

Las decisiones institucionales podían determinar quién tenía autoridad para corregirlas, supervisarlas o impedir que se repitieran.

La misma encuesta ofrecía otra señal.

Aproximadamente siete de cada diez votantes consideraban que el Congreso no había ejercido suficientes contrapesos frente al presidente. En los datos publicados por ABC News, la cifra exacta era del 71 por ciento; apenas el 20 por ciento consideró que lo había hecho en la medida adecuada.

Incluso cerca de cuatro de cada diez electores republicanos compartían aquella preocupación.

El descontento no podía interpretarse, por tanto, como una reacción exclusiva de los adversarios políticos de Donald Trump.

Pero tampoco autorizaba a concluir que todos los estadounidenses hubieran enviado el mismo mensaje.

Una elección legislativa reúne decisiones locales, diferencias entre candidatos, condiciones económicas y preferencias partidistas que no siempre responden a una sola causa.

Y existía otra distinción importante.

Votar por un candidato demócrata no significaba necesariamente aprobar al Partido Demócrata.

Las encuestas a votantes registraron, además, un rechazo amplio a los dos partidos. Según los datos de ABC News, basados en 39 730 entrevistas, el 52 por ciento de los votantes tenía una opinión desfavorable del Partido Demócrata y el 60 por ciento, del Republicano. El análisis preliminar del American Enterprise Institute (AEI) ofrecía cifras cercanas: 53 y 57 por ciento.

La distancia entre ambos era corta. Ninguno de los dos partidos contaba con la aprobación de la mayoría del electorado.

La intensidad, en cambio, marcaba una diferencia. El 45 por ciento de los votantes tenía una opinión muy desfavorable del Partido Republicano; el 35 por ciento, del Demócrata. Diez puntos separaban ambos rechazos.

Había un grupo que lo hacía visible. Alrededor del 15 por ciento de los votantes no tenía una opinión favorable de ninguno de los dos partidos. Según el AEI, el 59 por ciento de ellos votó por candidatos demócratas.

Y entre quienes tenían una opinión algo desfavorable del Partido Demócrata, casi la mitad —el 47 por ciento— votó de todos modos por sus candidatos.

Aquello impedía interpretar la recuperación del Congreso como una adhesión ciudadana incondicional.

Los demócratas habían conseguido una victoria legislativa.

Pero todavía debían demostrar qué podían hacer con ella.

Y los republicanos tenían que examinar las razones por las cuales habían perdido posiciones.

Una parte de la respuesta podía encontrarse en la historia.

Desde 1946, el partido del presidente perdió escaños en la Cámara de Representantes en 18 de las 20 elecciones intermedias anteriores a 2026. Solo los demócratas de Bill Clinton, en 1998, y los republicanos de George W. Bush, en 2002, escaparon a ese patrón. La pérdida promedio fue de 26 escaños.

El desgaste del partido en el poder es una regularidad de la política estadounidense. Y resulta compatible con la diferencia de unos diez puntos entre el rechazo intenso a los republicanos y el rechazo intenso a los demócratas.

Pero esa lectura es una interpretación, no una medición. Las encuestas no permiten separar cuánto de aquella diferencia correspondía al desgaste habitual de un gobierno y cuánto a la decisión de poner un freno al presidente.

Dos años antes, millones de ciudadanos habían respaldado el regreso de Trump a la presidencia.

La elección de 2026 introducía una evaluación intermedia de su gobierno.

No era posible afirmar, sin estudiar el comportamiento de los mismos electores, que todos quienes habían apoyado a Trump en 2024 le hubieran retirado su respaldo.

Pero sí podía observarse una modificación en la representación política y una demanda de mayor atención a las preocupaciones ciudadanas.

El resultado no había retirado al presidente de su cargo.

Tampoco había transferido automáticamente al Congreso la dirección del Poder Ejecutivo.

Había modificado la distribución de las facultades legislativas y las condiciones para ejercer contrapesos.

Y en aquel resultado había una paradoja.

En 2024, los ciudadanos habían entregado a los republicanos la Presidencia y las dos cámaras del Congreso al mismo tiempo. Durante los dos primeros años del segundo mandato de Trump, el contrapeso legislativo dependía, por tanto, de legisladores del propio partido del presidente.

Siete de cada diez votantes consideraron que ese contrapeso no se había ejercido lo suficiente.

La guerra contra Irán ofrecía el ejemplo más visible. Quienes impulsaron las resoluciones de poderes de guerra sostenían que las operaciones carecían de una autorización específica del Congreso. Las resoluciones se aprobaron, pero la Casa Blanca les negó fuerza jurídica obligatoria.

Cuando el contrapeso no se ejerce desde dentro de las instituciones, los ciudadanos pueden intentar restablecerlo desde fuera, mediante el voto.

Esa es una de las lecturas posibles de noviembre: no tanto un respaldo a los demócratas como una corrección del equilibrio entre poderes.

Y allí comenzaba el verdadero problema de esta investigación.

Los ciudadanos habían utilizado uno de los instrumentos fundamentales de una democracia: el voto.

Pero el efecto de aquella decisión dependería de lo que hicieran después sus representantes.

El Congreso podía investigar, legislar y condicionar recursos.

El presidente podía negociar, rechazar iniciativas y utilizar las atribuciones que le otorgaba la Constitución.

Ninguno disponía de un poder absoluto.

Las urnas habían cambiado el equilibrio institucional. Faltaba saber si aquel cambio produciría decisiones distintas.

La siguiente pregunta ya no correspondía únicamente a los ciudadanos.

Correspondía al Congreso.

¿Qué facultades había tenido para establecer límites antes de las elecciones?

¿Cuáles había utilizado?

¿Y qué podía cambiar realmente cuando asumieran las nuevas mayorías?

La respuesta exigía examinar no solamente la voluntad política de los legisladores.

También los instrumentos concretos que tenían a su disposición.

Capítulo II — El poder de poner límites

El Congreso de Estados Unidos no había permanecido inmóvil frente a todas las decisiones de Donald Trump.

Antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas en noviembre de 2026, sus legisladores habían discutido los alcances de la autoridad presidencial, particularmente en relación con las operaciones militares contra Irán.

Había documentos que permitían reconstruir aquella disputa.

El primero llevaba fecha del 3 de junio.

Ese día, la Cámara de Representantes aprobó por 215 votos contra 208 una resolución destinada a exigir la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán, salvo que existiera una autorización legislativa específica.

Cuatro republicanos votaron a favor: Tom Barrett, Warren Davidson, Brian Fitzpatrick y Thomas Massie.

El 23 de junio, el Senado aprobó la misma resolución por 50 votos contra 48.

Ambas cámaras habían expresado una posición.

Pero aquello no resolvía automáticamente la controversia.

La medida era una resolución concurrente. No se enviaba al presidente para su firma y su eficacia jurídica era objeto de interpretaciones contrapuestas.

El congresista demócrata Gregory Meeks, líder de su partido en el Comité de Asuntos Exteriores, que se refirió a la iniciativa como «mi resolución de poderes de guerra», sostuvo que la legislación sobre poderes de guerra obligaba al presidente a cesar las hostilidades contra Irán.

La Casa Blanca defendía una interpretación diferente.

En una declaración oficial del 23 de junio, la administración Trump argumentó que aquella resolución carecía de fuerza jurídica obligatoria y cuestionó su constitucionalidad.

Pero había una segunda discrepancia.

El Ejecutivo sostenía que las hostilidades iniciadas el 28 de febrero habían concluido con el alto el fuego del 7 de abril y señaló la existencia de un memorando de entendimiento con Irán, fechado el 17 de junio.

Aquella era la posición oficial de Washington, no una constatación independiente de que todas las tensiones militares hubieran desaparecido.

La controversia tenía, por tanto, dos dimensiones.

Una discutía quién podía ordenar el cese de las hostilidades y mediante qué instrumento constitucional.

La otra cuestionaba si aquellas hostilidades continuaban existiendo.

El Congreso podía aprobar una resolución para limitar al presidente sin conseguir necesariamente que su decisión modificara las operaciones militares.

La disputa no eliminaba la importancia del voto legislativo.

Revelaba algo más profundo: entre ejercer una facultad constitucional y conseguir que produzca consecuencias efectivas puede existir una distancia considerable.

Y los acontecimientos posteriores mostraron que aquella discusión continuaba abierta.

El 24 de septiembre, el Senado examinó otra resolución relacionada con la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán.

Esta vez, el resultado fue de 50 votos en contra y 49 a favor.

Cuatro senadores republicanos —Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul y Thom Tillis— respaldaron la iniciativa.

El senador demócrata John Fetterman votó en contra.

La resolución no fue aprobada.

La diferencia era estrecha.

Pero la existencia de discrepancias dentro del Partido Republicano no había sido suficiente para construir la mayoría necesaria.

La votación revelaba que la disciplina partidista podía debilitarse en determinados asuntos.

También mostraba que una división interna no garantizaba un cambio legislativo.

Entre discrepar del presidente y conseguir limitar una decisión presidencial existía una distancia política e institucional.

La misma distancia volvió a aparecer después de las elecciones.

El 9 de noviembre, Thomas Massie —uno de los cuatro republicanos que en junio habían votado a favor de la resolución sobre Irán— presentó ocho artículos de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Tres lo acusaban de abusar de sus facultades al hacer la guerra contra Irán sin autorización del Congreso.

Hegseth calificó el proceso de «farsa» y de «espectáculo político». Sostuvo que ninguna de las acusaciones constituía un delito grave y que se trataba de desacuerdos políticos partidistas.

El 10 de noviembre, la Cámara de Representantes, todavía con mayoría republicana, votó por 211 contra 204 enviar la resolución a la Comité Judicial. En la práctica, la archivó. Massie fue el único republicano que votó con los demócratas.

Massie dejará su escaño a principios de enero. En mayo había perdido su elección primaria en Kentucky frente a un candidato respaldado por Trump.

El episodio reunía las dos caras de aquella distancia.

Mostraba que la guerra había abierto una fisura dentro del partido del presidente.

Y mostraba también su estrechez: un solo legislador republicano se separó de su bancada, y era un legislador que ya no volvería al Congreso. Aun si hubiera prosperado en la Cámara, la destitución habría exigido dos tercios del Senado.

Y había otra dimensión de aquella distancia.

El financiamiento.

El 24 de junio, un día después de la aprobación de la primera resolución por el Senado, la Casa Blanca solicitó al Congreso aproximadamente 87 mil 600 millones de dólares en recursos adicionales.

De aquella cantidad, alrededor de 67 mil 100 millones correspondían al Departamento de Defensa.

La solicitud incluía necesidades relacionadas con las operaciones militares contra Irán, reposición de armamento, programas clasificados y otras prioridades de seguridad nacional.

No todo el monto representaba gastos directamente atribuibles a la guerra.

Según un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), alrededor de un tercio de la solicitud parecía responder a los costos de la guerra. El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, estimó ante el Congreso ese costo en unos 30 mil millones de dólares.

Tampoco podía considerarse dinero ya autorizado.

Era una petición del Ejecutivo.

Y necesitaba una respuesta legislativa.

La distinción importaba porque el Congreso dispone de facultades presupuestarias que pueden influir de manera decisiva en las condiciones materiales bajo las cuales actúa un presidente.

Pero ejercerlas requiere decisiones concretas.

No bastaba con expresar desacuerdo sobre una operación militar.

Era necesario examinar qué recursos estaban disponibles, cuáles habían sido aprobados anteriormente y qué parte del financiamiento solicitado dependía de nuevas autorizaciones.

El 22 de julio apareció otra señal.

La Cámara de Representantes aprobó por 216 votos contra 214 una resolución presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2027.

El documento incluía instrucciones que abrían la posibilidad de elaborar legislación para asignar hasta 60 mil millones de dólares adicionales mediante el Comité de Servicios Armados.

Era un avance en el procedimiento presupuestario.

Pero no equivalía a una entrega inmediata de recursos.

Tampoco garantizaba que el Senado aceptara la misma fórmula.

La legislación definitiva todavía requería nuevas etapas y acuerdos.

Así, las decisiones del verano y del otoño mostraban dos rutas distintas para intervenir en la política presidencial.

Una discutía la autoridad para continuar una operación militar.

La otra abordaba los recursos que podían sostener determinadas prioridades.

Ambas eran relevantes.

Pero ninguna debía confundirse con un resultado que todavía no se había producido.

Y allí surgía una contradicción.

El Congreso podía cuestionar la continuidad de una operación militar.

Al mismo tiempo, algunos legisladores podían respaldar recursos para defensa, reposición de armamento u otras necesidades estratégicas.

Aquellas posiciones no eran necesariamente incompatibles.

Un legislador podía oponerse a una guerra concreta y considerar indispensable financiar la preparación militar del país.

Otro podía respaldar la operación y discrepar sobre la magnitud de los recursos solicitados.

Por eso, una votación presupuestaria no podía interpretarse automáticamente como aprobación de todas las decisiones militares del presidente.

Y una votación sobre poderes de guerra tampoco revelaba, por sí sola, la posición completa de cada legislador sobre el gasto en defensa.

Era necesario examinar cada instrumento y su propósito.

El poder del Congreso no se medía solamente por su capacidad de votar contra el Ejecutivo, sino por su capacidad de transformar las decisiones legislativas en consecuencias verificables.

Después de las elecciones de noviembre, esa diferencia adquiría una nueva importancia.

Las mayorías demócratas asumirían sus funciones el 3 de enero de 2027.

Dispondrían de mayores posibilidades para organizar las prioridades legislativas, dirigir comités, solicitar información y desarrollar investigaciones.

También podrían negociar o cuestionar determinadas asignaciones presupuestarias.

Pero no heredarían facultades ilimitadas.

El presidente conservaría el veto sobre la legislación ordinaria.

Las nuevas mayorías tendrían que respetar los procedimientos parlamentarios y las atribuciones constitucionales del Ejecutivo.

Y, dependiendo del asunto, podrían necesitar acuerdos con legisladores republicanos.

La división de poderes no convertía al Congreso en un sustituto de la presidencia.

Tampoco convertía al presidente en una autoridad ajena a los controles legislativos.

La dificultad estaba en hacer funcionar aquella relación bajo condiciones de confrontación política.

Y había una cuestión adicional.

Cada legislador había recibido un mandato ciudadano.

Su responsabilidad no se agotaba en respaldar o rechazar a Donald Trump.

También debía examinar los efectos de las decisiones públicas, justificar sus votos y responder ante quienes lo habían elegido.

El nuevo equilibrio podía abrir posibilidades para un control más exigente.

Pero una mayoría distinta no garantizaba automáticamente un mejor ejercicio de esas facultades.

Las investigaciones podían contribuir a esclarecer responsabilidades.

También podían convertirse en instrumentos de confrontación partidista.

Las negociaciones presupuestarias podían introducir controles efectivos.

O podían terminar en bloqueos que afectaran el funcionamiento del gobierno.

El resultado dependería de las decisiones posteriores.

La pregunta, entonces, ya no era si el Congreso tenía facultades para intervenir.

La Constitución y los acontecimientos de 2026 mostraban que sí.

La pregunta era otra.

¿Podían los legisladores transformar esas facultades en límites efectivos sin convertir la supervisión del poder en una disputa que terminara perjudicando a los mismos ciudadanos que pretendían representar?

Las urnas habían modificado la composición del Congreso.

Pero todavía faltaba comprobar qué podía conseguir mediante sus decisiones.

Y mientras Washington se preparaba para aquella nueva relación entre poderes, el presidente conservaba una responsabilidad que no desaparecía con los resultados electorales.

La conducción de la política exterior.

Allí se abría otro escenario.

Porque los límites de la presidencia estadounidense no dependían exclusivamente del Congreso.

También dependían de las decisiones de otros gobiernos, de los mercados y de las consecuencias económicas de cada movimiento.

Esa era la siguiente parte de la investigación.

Capítulo III — El margen de maniobra

Las elecciones habían cambiado la composición política de Washington.

Pero fuera de Estados Unidos, los gobiernos continuaban observando las decisiones de un presidente que todavía conservaba dos años de mandato.

En Oriente Medio, las tensiones militares seguían abiertas.

En Europa, la seguridad y el suministro energético condicionaban decisiones económicas.

Y China mantenía sus propios cálculos sobre las relaciones con Washington.

El Congreso podía cambiar.

Pero las relaciones de poder entre los países no se reorganizaban automáticamente después de una elección.

Donald Trump conservaba una responsabilidad decisiva: conducir la política exterior estadounidense.

La Constitución lo reconoce como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Pero esa autoridad convive con las facultades del Congreso para declarar la guerra, legislar y autorizar recursos.

La pregunta era cómo utilizaría aquel margen.

Había dos acontecimientos que permitían examinarla.

El primero ocurrió el 2 de septiembre de 2026.

Reuters publicó una investigación basada en cuatro personas familiarizadas con las discusiones internas de la administración estadounidense.

Según aquellas fuentes, algunos de los principales asesores de Trump buscaban evitar una escalada importante de la guerra contra Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El objetivo era reducir el riesgo de nuevas pérdidas electorales republicanas.

Entre las posibilidades que se discutían figuraba considerar operaciones militares de mayor intensidad después de los comicios.

Pero había una precisión fundamental.

No existía una decisión definitiva de regresar a una confrontación a gran escala.

La administración también examinaba formas de aumentar la presión económica sobre Teherán para obtener concesiones mediante una eventual negociación.

La información revelaba, por tanto, una combinación de objetivos.

Contener temporalmente determinados riesgos militares.

Preservar margen político antes de las elecciones.

Y mantener instrumentos de presión sobre Irán.

No significaba que la guerra hubiera terminado.

Tampoco demostraba que una nueva ofensiva fuera inevitable.

Había, además, otra advertencia dentro de la propia administración.

El 9 de septiembre, Reuters informó sobre un reporte de The Wall Street Journal según el cual algunos de los principales asesores de Trump, incluidos el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, habían advertido que el conflicto con Irán podía prolongarse incluso hasta el final del mandato presidencial.

La información procedía de fuentes familiarizadas con aquellas conversaciones y no constituía una declaración pública de los funcionarios mencionados.

Pero introducía una posibilidad estratégica que Washington no podía ignorar.

Una administración podía decidir cuándo intensificar determinadas operaciones militares. No necesariamente podía decidir cuándo terminaría el conflicto.

El precedente era reciente. El 17 de junio, Washington y Teherán habían firmado un memorando para negociar durante sesenta días el fin de la guerra. El 7 de julio, Trump declaró terminada la guerra. El memorando expiró el 17 de agosto sin un acuerdo final.

La diferencia era importante.

Contener una escalada antes de las elecciones no equivalía a haber construido una solución para después de ellas.

El calendario electoral podía modificar el momento de una decisión sin resolver necesariamente las causas del conflicto.

El segundo acontecimiento ocurrió el 8 de octubre.

Trump declaró públicamente que Estados Unidos no lanzaría nuevos ataques contra Irán antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Afirmó, además, que existían conversaciones productivas con Teherán.

Pero su anuncio incluía otra condición: el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes permanecería vigente.

La declaración no equivalía a una retirada militar.

La presión continuaba mediante otros instrumentos.

La Casa Blanca anunciaba una pausa en nuevos ataques directos mientras mantenía medidas de coerción.

Pero aquella pausa tuvo límites.

El 2 de noviembre, víspera de la elección, Estados Unidos atacó objetivos en la isla iraní de Qeshm, junto al estrecho de Ormuz. Según funcionarios estadounidenses citados por The Wall Street Journal y CNN, un caza respondió en defensa propia después de que la Guardia Revolucionaria le disparara un misil tierra-aire. Las fuerzas estadounidenses también interceptaron un misil lanzado desde Qeshm contra el transporte comercial.

Trump lo describió como «un ataque menor»: «no fue una guerra».

La Casa Blanca presentó la operación como una respuesta defensiva, no como el nuevo ataque que había descartado el 8 de octubre. Pero la secuencia mostraba algo más importante: la decisión de no atacar no dependía solamente de Washington. Bastaba un incidente en Ormuz para alterar el calendario.

Aquella combinación de pausa y coerción mostraba una característica importante de la política exterior.

Los gobiernos no disponen únicamente de la alternativa entre combatir y negociar.

Pueden mantener sanciones, bloqueos, despliegues militares y canales diplomáticos de manera simultánea.

Y esas decisiones pueden perseguir objetivos distintos.

La cuestión era si aquella estrategia permitía acercar posiciones o simplemente aplazaba una nueva confrontación.

La respuesta dependía también de Irán.

Teherán conservaba capacidad para responder a las presiones militares y económicas.

Israel mantenía sus propios intereses estratégicos.

Los países del Golfo debían proteger sus instalaciones energéticas, su comercio y sus rutas marítimas.

Y cada actor podía interpretar las señales de Washington de manera diferente.

Una declaración estadounidense destinada a transmitir moderación podía ser recibida como una oportunidad diplomática.

También podía interpretarse como una pausa temporal antes de nuevas operaciones.

La intención de un gobierno no determina por sí sola la interpretación ni la respuesta de los demás.

En aquella incertidumbre, el petróleo introducía un límite adicional.

El 6 de octubre, la Administración de Información Energética de Estados Unidos publicó su informe mensual sobre las perspectivas energéticas.

El documento registró que el precio promedio al contado del crudo Brent había alcanzado 114 dólares por barril durante septiembre.

Eran 23 dólares más que en agosto.

El 15 de septiembre, el precio diario había llegado a 131 dólares por barril.

El aumento no respondía a un solo acontecimiento.

Los ataques contra infraestructura energética y embarcaciones, las interrupciones temporales del suministro y los mayores riesgos del transporte marítimo habían incrementado la incertidumbre de los compradores.

Entre los acontecimientos más relevantes se encontraba la interrupción temporal del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita.

Antes de aquella interrupción, la infraestructura transportaba más de cinco millones de barriles diarios de exportación a través del puerto de Yanbu, en el mar Rojo, según estimaciones del organismo.

La cifra no correspondía a la capacidad del oleoducto ni a exportaciones efectivamente realizadas, sino a la estimación del organismo sobre los barriles destinados a exportación por esa vía. Otras fuentes registraban flujos menores.

La ruta era especialmente importante porque permitía evitar el estrecho de Ormuz.

La interrupción del oleoducto agravó las presiones sobre el mercado al reducir temporalmente una de las principales rutas alternativas para transportar petróleo fuera del Golfo.

La reparación parcial del oleoducto, hacia finales de septiembre, contribuyó a aliviar parte de la presión.

Pero los acontecimientos habían mostrado la vulnerabilidad de las rutas energéticas.

No era necesario que todas las instalaciones petroleras fueran destruidas para alterar los precios.

Bastaba con interrumpir temporalmente una infraestructura relevante, aumentar los riesgos de transporte o reducir las opciones disponibles para los compradores.

El mercado no reaccionaba únicamente al petróleo que dejaba de circular, sino también al riesgo de que nuevas interrupciones limitaran los suministros disponibles.

Aquello tenía consecuencias más allá de las compañías petroleras.

Los precios internacionales podían trasladarse, en diferentes grados, al costo de los combustibles, el transporte y la producción.

Su efecto dependía de las condiciones económicas de cada país.

En Estados Unidos, el precio de la gasolina en septiembre era 34,2 por ciento más alto que un año antes, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Ese combustible explicaba más de la mitad del aumento mensual de los precios al consumidor.

La conexión era evidente.

Una decisión militar o una interrupción energética en Oriente Medio podía afectar presupuestos familiares y actividades productivas a miles de kilómetros.

Y el problema tampoco se limitaba a la gasolina.

En su informe del 14 de octubre, la Agencia Internacional de Energía advirtió que el mercado mundial del diésel continuaba sometido a importantes presiones de suministro.

El informe documentó que las exportaciones mundiales de diésel de septiembre eran alrededor de 700 mil barriles diarios inferiores a las del mismo mes de 2025.

Aquello ampliaba las consecuencias económicas de la crisis.

El diésel intervenía en el transporte de mercancías, la maquinaria agrícola y numerosas actividades industriales.

Su encarecimiento podía trasladarse a distintos eslabones de la producción y distribución, aunque el efecto final dependiera de los mercados y las condiciones económicas de cada país.

El costo de una confrontación internacional podía distribuirse entre millones de personas que no habían participado en las decisiones que la provocaron.

La geopolítica de la energía no terminaba en los puertos ni en los mercados.

También llegaba a la vida cotidiana.

Para Trump, aquella relación representaba una contradicción.

Estados Unidos conservaba importantes capacidades militares y diplomáticas para ejercer presión sobre Irán.

Pero una intensificación del conflicto podía contribuir a elevar los costos energéticos que preocupaban a los ciudadanos estadounidenses.

Una decisión destinada a fortalecer la posición internacional de Washington podía aumentar simultáneamente sus dificultades políticas internas.

Y había otro límite.

Las operaciones militares podían requerir recursos adicionales.

El Congreso conservaba facultades presupuestarias y mecanismos de supervisión cuya eficacia dependería de las decisiones legislativas.

Las nuevas mayorías demócratas, una vez instaladas en enero de 2027, podrían intentar aumentar los controles sobre determinadas operaciones.

Pero ello no significaba que pudieran sustituir automáticamente al presidente en la conducción de la política exterior.

La Casa Blanca tampoco podía suponer que una decisión militar produciría exactamente los resultados buscados.

Irán podía responder.

Israel podía mantener prioridades diferentes.

Los países del Golfo podían exigir garantías.

Y los mercados podían reaccionar ante riesgos que no dependían exclusivamente de las declaraciones presidenciales.

Así aparecían los límites efectivos de una potencia.

No solamente los límites escritos en su Constitución.

También aquellos derivados de las decisiones de otros gobiernos, de la disponibilidad de recursos, de la economía y de las consecuencias sociales de sus políticas.

Las elecciones de noviembre modificaban una parte de esas condiciones.

Pero no eliminaban las demás.

Después de los comicios, la administración tendría que decidir cómo continuar su relación con Irán.

Una posibilidad era mantener la presión económica y militar sin regresar inmediatamente a operaciones de mayor intensidad.

Otra consistía en utilizar los canales diplomáticos para buscar acuerdos.

También persistía el riesgo de una nueva escalada.

Ninguna de aquellas alternativas dependía exclusivamente de la voluntad de Trump.

Todas requerían considerar las respuestas de otros actores y los costos de cada decisión.

Y allí comenzaba a perfilarse una conclusión.

Conservar la iniciativa no equivale a controlar las consecuencias.

El presidente podía ordenar determinadas operaciones.

Podía proponer negociaciones.

Podía ejercer presión económica.

Pero no podía garantizar unilateralmente la respuesta iraní, el comportamiento del petróleo ni la aceptación de sus decisiones por parte de los ciudadanos y las instituciones estadounidenses.

El resultado electoral no lo había privado de sus instrumentos.

Había cambiado parte del entorno político en el que tendría que utilizarlos.

La pregunta permanecía abierta.

¿Buscaría reconstruir su margen de negociación mediante acuerdos?

¿O intentaría recuperar iniciativa aumentando la presión?

Todavía no existía evidencia suficiente para anticipar una sola respuesta.

Pero había algo que la investigación permitía comprender.

La última ficha no tenía que ser necesariamente una decisión militar.

También podía ser una negociación.

Y negociar no siempre significaba renunciar al poder.

Podía significar reconocer sus límites.

Porque fuera de Washington había gobiernos que conservaban intereses, recursos y capacidad para tomar sus propias decisiones.

Y ninguno estaba obligado a esperar el siguiente movimiento de la Casa Blanca.

Capítulo IV — Los otros jugadores del tablero

El 4 de noviembre de 2026, mientras Washington examinaba las consecuencias de sus elecciones legislativas, las primeras reacciones comenzaron a llegar desde otras capitales.

Los gobiernos extranjeros observaban el mismo acontecimiento.

Pero ninguno tenía exactamente los mismos intereses.

En Teherán, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, escribió que los estadounidenses habían dicho «no a la guerra» y advirtió que, si su gobierno traicionaba esa voluntad, la respuesta iraní sería una «pesadilla».

Su declaración tenía una utilidad política evidente.

Irán podía presentar las pérdidas republicanas como una señal de que las operaciones militares habían producido costos políticos dentro de Estados Unidos.

Pero aquella interpretación exigía una precisión.

Los estadounidenses no habían votado exclusivamente sobre Irán.

Las preocupaciones económicas, el funcionamiento de las instituciones y el descontento con el gobierno también habían influido en la elección.

Y, dentro del propio liderazgo iraní, existía una lectura más cautelosa.

Ese mismo 4 de noviembre, el líder supremo Mojtaba Jameneí —nombrado en marzo, después de que su padre, Alí Jameneí, muriera en los primeros días de la guerra— difundió una carta en la que afirmó que quienes conservaran «incluso una leve esperanza» de un cambio en el comportamiento estadounidense estaban «gravemente equivocados».

La diferencia entre ambas posiciones resultaba reveladora.

Una reconocía el valor político de la derrota republicana.

La otra advertía que el cambio electoral no garantizaba una transformación de la estrategia estadounidense.

Irán podía encontrar una oportunidad en las urnas, sin confundirla con el final del conflicto.

Y mientras Teherán interpretaba las señales de Washington, Israel enfrentaba sus propias decisiones.

La relación de seguridad entre ambos países no dependía exclusivamente de Donald Trump.

El 14 de septiembre de 2016, Estados Unidos e Israel habían firmado un memorando de entendimiento que contemplaba 38 mil millones de dólares de asistencia militar durante el periodo fiscal comprendido entre 2019 y 2028.

El compromiso establecía una referencia anual de 3 mil 300 millones de dólares en financiamiento militar extranjero y 500 millones en cooperación para defensa antimisiles.

Aquellas cifras requerían las asignaciones correspondientes del Congreso estadounidense.

Pero demostraban que la cooperación militar bilateral descansaba sobre acuerdos institucionales construidos durante años y respaldados por distintas administraciones.

Sin embargo, el 3 de noviembre, el propio Trump introdujo una señal en sentido contrario. En una entrevista con Fox News declaró que la ayuda anual de alrededor de 4 mil millones de dólares terminaría a finales de 2026 y que Israel pasaría a comprar su equipo militar. «Considérenlo un trueque», dijo.

Era una declaración, no una decisión ejecutada. El memorando seguía vigente hasta 2028, y cualquier cambio en los recursos dependía de las asignaciones del Congreso.

El gobierno en funciones de Benjamin Netanyahu —su bloque no alcanzó la mayoría en las elecciones del 27 de octubre y, el 8 de noviembre, el presidente Isaac Herzog encargó al opositor Gadi Eisenkot formar gobierno— debía considerar, por tanto, dos dimensiones simultáneas.

La continuidad de sus vínculos estratégicos con Washington.

Y la posibilidad de que una nueva mayoría legislativa introdujera mayores dificultades para determinadas decisiones militares o presupuestarias.

El cambio político estadounidense podía afectar los instrumentos disponibles.

Pero no eliminaba los objetivos de seguridad que Israel consideraba prioritarios.

En Europa oriental, la misma elección abría otra posibilidad.

El 6 de noviembre, Reuters informó que asesores demócratas de ambas cámaras del Congreso estadounidense consideraban prioritario incrementar la asistencia a Ucrania cuando los nuevos legisladores asumieran sus funciones en enero de 2027.

La intención adquiría importancia por un antecedente concreto.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, en enero de 2025, el Congreso no había aprobado nueva legislación de asistencia significativa para Ucrania.

El cambio de mayorías podía modificar aquella situación.

Sin embargo, una prioridad legislativa todavía no era una asignación presupuestaria.

Para convertirse en ayuda efectiva, las iniciativas tendrían que superar los procedimientos del Congreso, las posibles objeciones presidenciales y los mecanismos necesarios para su ejecución.

Para Kyiv, las elecciones abrían una oportunidad.

Pero no garantizaban la llegada inmediata de nuevos recursos.

Y aquella diferencia importaba.

En una guerra, el tiempo de las negociaciones políticas no siempre coincide con el tiempo de las necesidades militares y humanas.

Rusia observaba esa misma posibilidad desde una posición diferente.

El 4 de noviembre, el viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, sostuvo que la política rusa no dependía de los cambios electorales de otros países.

También señaló que los dirigentes demócratas mantenían posiciones especialmente desfavorables hacia Moscú.

La declaración buscaba proyectar continuidad.

Pero el posible incremento de ayuda estadounidense a Ucrania introducía una variable que Rusia tendría que considerar.

Una modificación del equilibrio político en Washington podía alterar los recursos disponibles para Kyiv, las condiciones de negociación y la duración de determinadas presiones.

No significaba que la posición rusa estuviera destinada a cambiar.

Significaba que una parte de sus cálculos tendría que incorporar decisiones que todavía no se habían tomado.

Las urnas podían modificar las condiciones de una negociación sin resolver por sí solas las causas de una guerra.

China eligió otro lenguaje.

Durante su conferencia oficial del 4 de noviembre, la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, señaló que Beijing estaba dispuesto a continuar trabajando con Washington sobre los entendimientos alcanzados por los presidentes de ambos países.

Habló de mantener la comunicación, administrar las diferencias y ampliar los espacios de cooperación.

La respuesta evitaba presentar las pérdidas republicanas como una victoria china.

Era una posición congruente con los intereses de Beijing.

Las restricciones tecnológicas, los aranceles, el comercio y la seguridad regional continuaban involucrando tanto a la Casa Blanca como al Congreso y a otras instituciones estadounidenses.

Una mayoría demócrata no garantizaba una política más favorable a China.

Republicanos y demócratas podían coincidir en objetivos de competencia tecnológica y económica, aunque discreparan sobre los instrumentos para alcanzarlos.

Durante aquella misma conferencia, Mao Ning confirmó que existían comunicaciones entre las partes interesadas sobre una posible reunión de Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping.

No anunció un encuentro definitivo.

Pero la existencia de conversaciones diplomáticas tenía significado por sí misma.

Mientras Washington reorganizaba su equilibrio político interno, las grandes potencias exploraban posibilidades de negociación.

Y había una diferencia entre conversar y alcanzar un acuerdo.

Cada gobierno podía buscar resultados propios.

China podía intentar preservar sus relaciones comerciales y tecnológicas.

Rusia podía mantener sus prioridades respecto de Ucrania.

Estados Unidos podía procurar acuerdos sin abandonar sus objetivos estratégicos.

Pero ninguno tenía capacidad para imponer unilateralmente todas las condiciones.

Europa tampoco podía limitarse a esperar.

Sus gobiernos enfrentaban decisiones sobre defensa, abastecimiento energético, competitividad industrial y relaciones comerciales.

Una eventual mayor disposición del Congreso estadounidense a respaldar a Ucrania podía modificar determinados márgenes de cooperación.

Pero las necesidades europeas de seguridad y energía persistían con independencia de los resultados estadounidenses.

Y había una cuestión más amplia.

Las diferencias internas de Washington podían abrir espacios para otros gobiernos.

Pero también podían producir acuerdos entre demócratas y republicanos cuando ambos consideraran amenazados intereses estratégicos estadounidenses.

No estaba demostrado que una mayor confrontación institucional produjera automáticamente una pérdida de influencia internacional para Estados Unidos.

Tampoco que sus competidores fueran a beneficiarse necesariamente de ella.

El problema era otro.

Una potencia puede conservar enormes capacidades y, al mismo tiempo, enfrentar dificultades para decidir con la rapidez que determinadas circunstancias exigen.

Aquella posibilidad merecía observarse.

Porque las decisiones que aún no se tomaban en Washington podían influir en el suministro de armamento a Ucrania, en las negociaciones con Irán, en la cooperación con Israel y en los intercambios tecnológicos con China.

Y cada una de esas decisiones podía alcanzar a personas que no habían participado en las elecciones estadounidenses.

Familias que necesitaban combustible.

Trabajadores cuyos empleos dependían del comercio internacional.

Comunidades que esperaban el final de los ataques.

Países que tenían que tomar decisiones sobre su seguridad sin conocer todavía el rumbo de la política estadounidense.

Las elecciones habían cambiado la distribución del poder dentro de Estados Unidos.

No habían cambiado automáticamente los intereses de los demás países.

Esa era la conclusión que comenzaba a desprenderse de las primeras reacciones internacionales.

Irán buscaba interpretar una señal política.

Israel contaba con una estructura de cooperación construida durante años.

Ucrania esperaba nuevas posibilidades de apoyo.

Rusia evaluaba condiciones que podían complicar sus negociaciones.

China procuraba conservar abiertos los canales diplomáticos.

Y Europa seguía enfrentando sus propias necesidades estratégicas.

Todos observaban Washington.

Pero ninguno podía suspender indefinidamente sus decisiones.

La pregunta, entonces, ya no era solamente qué límites encontraría Donald Trump dentro de su país.

Era cómo respondería a gobiernos que conservaban sus propios intereses, recursos y capacidad de iniciativa.

Porque una ficha puede cambiar de posición en Washington.

Pero el resto del tablero continúa en movimiento.

Capítulo V — ¿Qué Trump podemos esperar?

Las elecciones habían cambiado la distribución del poder en Washington.

Donald Trump ya no contaría con las mismas mayorías republicanas en el Congreso. Pero conservaba la presidencia, la dirección del Ejecutivo y dos años para intentar sostener su proyecto político.

La pregunta no era solamente cuánto poder había perdido.

La pregunta era cómo utilizaría el poder que todavía conservaba.

Dos acontecimientos, separados por apenas unas horas, ofrecían las primeras señales.

El 3 de noviembre de 2026, antes de que cerraran las urnas, Trump concedió una entrevista telefónica a CBS News.

Ante la posibilidad de que los demócratas conquistaran ambas cámaras, destacó una de las herramientas más importantes de la presidencia: el veto.

Incluso aceptó que pudiera identificársele como el presidente del veto.

Pero su razonamiento contenía algo más que una advertencia.

Trump sostuvo que, después de rechazar iniciativas durante cierto tiempo, los legisladores terminarían buscando acuerdos con la Casa Blanca.

La declaración permitía observar una estrategia posible.

Utilizar la capacidad de bloquear como instrumento para obligar a negociar.

No era una facultad ilimitada.

El artículo primero, sección séptima, de la Constitución estadounidense establece que el Congreso puede superar un veto presidencial mediante el respaldo de dos tercios de ambas cámaras.

Pero alcanzar esas mayorías resulta políticamente exigente.

Y el nuevo Congreso no podía suponer que la recuperación de sus mayorías le permitiría convertir cualquier iniciativa en ley.

El segundo acontecimiento ocurrió después de conocerse los resultados.

El 4 de noviembre, Trump reconoció públicamente que la guerra contra Irán había contribuido a las pérdidas republicanas. «Irán fue una parte», dijo a The Wall Street Journal.

Sin embargo, defendió la decisión de iniciar las operaciones militares: «Hice lo correcto… lo habría vuelto a hacer».

Había reconocido un costo electoral.

No había anunciado una rectificación de su política exterior.

Aquella diferencia importaba.

Una derrota legislativa podía modificar los incentivos del presidente sin modificar necesariamente sus convicciones, prioridades o disposición a asumir determinados riesgos.

Y esa combinación abría una incertidumbre.

¿Buscaría Trump reconstruir acuerdos dentro de Washington?

¿O intentaría compensar sus nuevas restricciones mediante un ejercicio más intenso de las facultades presidenciales?

Para examinar ambas posibilidades era necesario recordar que el problema no se reducía a una disputa personal entre el presidente y los demócratas.

La economía también condicionaba sus decisiones.

Durante octubre, los indicadores habían mostrado presiones persistentes sobre los hogares estadounidenses.

La inflación y los combustibles seguían siendo preocupaciones relevantes: el índice de precios de septiembre, publicado el 14 de octubre, registró una inflación anual de 3,7 por ciento. El de octubre, publicado el 10 de noviembre, subió 0,4 por ciento en el mes y no incluyó tasa anual: los precios de octubre de 2025 no se recolectaron durante el cierre de gobierno. El mercado laboral, en cambio, mostraba más resistencia de la que se percibía: el 6 de noviembre, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que en octubre se habían creado 165 mil empleos, que el desempleo había bajado a 4,1 por ciento y que la cifra de septiembre se había revisado al alza, de 29 mil a 60 mil empleos.

No todos los indicadores avanzaban en la misma dirección.

Y tampoco todos los ciudadanos experimentaban la economía de la misma manera.

Un empleo conservado no significaba necesariamente un presupuesto familiar suficiente.

A principios de noviembre, el galón de gasolina rondaba los cuatro dólares, por debajo de los 4,33 de mediados de octubre, según la asociación automovilística AAA, y el 10 de noviembre el promedio nacional bajó de cuatro dólares. Pero una disminución en el precio de la gasolina no eliminaba de inmediato el costo acumulado de meses anteriores.

Y una mejoría estadística podía tardar en convertirse en una percepción de alivio.

El nuevo Congreso tendría que responder a esas preocupaciones.

Pero la Casa Blanca también.

El descontento ciudadano había modificado las condiciones de la negociación política. No había resuelto los problemas que lo habían provocado.

Y el margen fiscal tampoco era amplio. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el déficit federal del año fiscal 2026 alcanzó 1 billón 993 mil millones de dólares.

La situación exigía examinar cuatro escenarios.

La primera posibilidad era una negociación selectiva.

Trump podía buscar acuerdos con legisladores demócratas en asuntos donde ambas partes encontraran beneficios concretos.

Las prioridades presupuestarias, determinados programas internos o las medidas económicas podían ofrecer espacios para negociar.

No sería necesario que desaparecieran las diferencias ideológicas.

Bastaría con que el costo de no alcanzar un acuerdo resultara mayor que el de hacer concesiones.

La posición expresada por Trump el 3 de noviembre permitía considerar esta posibilidad.

Su advertencia sobre el veto no excluía la negociación.

Por el contrario, el presidente presentaba ambos instrumentos como partes de una misma estrategia.

Pero había una condición.

Los demócratas tendrían que demostrar que podían negociar sin renunciar a sus responsabilidades de supervisión.

Y Trump tendría que aceptar que el Congreso ya no respondería a la misma distribución partidista.

La segunda posibilidad era una confrontación institucional prolongada.

La Casa Blanca podía bloquear iniciativas legislativas mediante el veto.

Los demócratas, por su parte, podían utilizar sus nuevas mayorías para convocar comparecencias, solicitar documentos y examinar decisiones administrativas.

Las disputas sobre el financiamiento del gobierno podían convertirse en nuevos puntos de presión.

Y determinadas investigaciones podían alcanzar no solamente a funcionarios, sino también a empresarios que hubieran participado en decisiones públicas o mantenido relaciones contractuales con el gobierno.

Pero una investigación no demostraba culpabilidad.

Y una disputa política tampoco constituía, por sí misma, un ejercicio eficaz de los contrapesos.

La supervisión tendría que producir información verificable, establecer responsabilidades cuando correspondiera y respetar los procedimientos institucionales.

De otro modo, el riesgo era transformar las facultades del Congreso en una confrontación permanente cuyos resultados fueran difíciles de distinguir para los ciudadanos.

Los demócratas también enfrentarían un costo.

Habían conseguido representación legislativa.

Pero sus nuevas mayorías no garantizaban una confianza ciudadana incondicional.

Si dedicaban su capacidad de acción exclusivamente a confrontar a Trump, tendrían que explicar cómo respondían a las preocupaciones económicas que habían acompañado las elecciones.

La tercera posibilidad incorporaba el escenario internacional.

El presidente podía intentar recuperar iniciativa mediante acuerdos diplomáticos de alto impacto, nuevas presiones comerciales o decisiones militares.

El antecedente de Irán resultaba especialmente importante.

La administración había reconocido que la guerra produjo costos políticos internos.

Pero el presidente no había anunciado que fuera a abandonar su estrategia.

Eso no significaba que una nueva escalada fuera inevitable.

Tampoco que una negociación estuviera garantizada.

Las decisiones estadounidenses dependerían de las respuestas de Irán, de sus aliados, de los mercados energéticos y de las restricciones institucionales que enfrentara la Casa Blanca.

Una intensificación militar podía elevar los costos de combustibles, transporte y producción.

También podía exigir nuevos recursos presupuestarios.

Y aquello devolvería el problema al Congreso.

Recuperar visibilidad internacional no equivalía necesariamente a recuperar capacidad efectiva de acción.

Una decisión podía proyectar fuerza hacia el exterior y, al mismo tiempo, aumentar las presiones económicas y políticas dentro de Estados Unidos.

El cuarto escenario era menos visible.

Determinados intereses estratégicos podían continuar reuniendo apoyos de ambos partidos.

La competencia tecnológica con China, los compromisos de defensa, algunas sanciones y la seguridad de las cadenas de suministro no dependían exclusivamente de Donald Trump.

Eran asuntos relacionados con capacidades e intereses del Estado estadounidense que habían atravesado distintas administraciones.

Los demócratas podían cuestionar decisiones del presidente y, simultáneamente, respaldar medidas orientadas a preservar determinadas ventajas tecnológicas o industriales.

Los republicanos podían acompañarlo en unos asuntos y separarse de él en otros.

Por eso, el nuevo equilibrio no debía interpretarse como una división absoluta entre dos bloques incapaces de coincidir.

Las experiencias legislativas examinadas en capítulos anteriores mostraban que las mayorías podían variar según el asunto, el instrumento jurídico y los recursos comprometidos.

La competencia partidista no eliminaba necesariamente los intereses compartidos.

Y los intereses compartidos tampoco garantizaban acuerdos.

Aquellos cuatro escenarios no eran excluyentes.

Trump podía negociar una iniciativa presupuestaria, vetar otra y mantener una posición de presión internacional.

Los demócratas podían investigar determinadas decisiones del Ejecutivo y respaldar otras prioridades estratégicas.

Los republicanos podían conservar su apoyo al presidente y discutir aspectos concretos de sus políticas.

La conducta de cada actor dependería de sus objetivos, sus recursos y las condiciones que fueran apareciendo.

La instalación del nuevo Congreso, el 3 de enero de 2027, abriría una etapa decisiva para observar esas posibilidades.

Las primeras propuestas legislativas, las negociaciones presupuestarias, las comparecencias y las respuestas presidenciales permitirían distinguir los escenarios.

Cada escenario dejaría huellas observables: acuerdos firmados en asuntos económicos; citaciones de los comités y vetos ejercidos; la reanudación de ataques o una nueva negociación con Irán; y votos de ambos partidos en las leyes de gasto.

La investigación no podía anticipar un desenlace único.

Pero sí podía establecer una diferencia fundamental.

Trump conservaba instrumentos para ejercer el poder. Lo que había cambiado eran las condiciones políticas, económicas e institucionales bajo las cuales tendría que utilizarlos.

No era necesariamente un presidente inmovilizado.

Tampoco un presidente capaz de actuar sin restricciones.

La disminución de sus apoyos legislativos podía incentivar la negociación.

También podía aumentar su disposición a confrontar.

Y ambas conductas podían coexistir.

Pero había una variable que ninguna de las dos partes podía controlar completamente.

Los ciudadanos.

Durante los próximos dos años, las decisiones del presidente y del Congreso proporcionarían nuevos elementos para evaluar a quienes ejercían el poder.

Los demócratas tendrían que demostrar para qué habían conseguido sus mayorías.

Los republicanos tendrían que decidir cómo responder al descontento y qué relación mantendrían con las decisiones presidenciales.

Y Trump tendría que gobernar en condiciones diferentes de aquellas que habían acompañado el inicio de su segundo mandato.

La última ficha no se encontraba necesariamente en manos de una sola persona.

Podía estar en la capacidad de cada actor para reconocer sus límites, comprender los costos de sus decisiones y negociar cuando las circunstancias lo exigieran.

Pero aún quedaba una pregunta.

¿Podía la nueva distribución del poder producir mejores decisiones para los ciudadanos, o solamente trasladaría la confrontación de las urnas a las instituciones?

Esa pregunta conducía al último capítulo de la investigación.

A los límites del poder.

Capítulo VI — Los límites del poder

Las elecciones habían terminado.

Washington comenzaba a prepararse para una nueva distribución del poder.

Pero había algo que ninguna mayoría legislativa podía garantizar por sí sola.

La confianza.

Los demócratas habían conseguido recuperar el Congreso. Los republicanos conservaban la Casa Blanca. Y los ciudadanos habían utilizado su voto para modificar el equilibrio entre ambos poderes.

Era una victoria legislativa para unos y una derrota electoral para otros.

Pero ¿quién había ganado realmente?

La pregunta exigía mirar más allá de los resultados.

Según la encuesta electoral de Associated Press, aproximadamente siete de cada diez votantes consideraban que el Congreso no había ejercido suficientes contrapesos frente al presidente.

Y había otra señal reveladora.

Según ABC News, los dos partidos llegaban con más rechazo que aprobación: el 52 por ciento de los votantes veía desfavorablemente al Partido Demócrata y el 60 por ciento, al Republicano.

Aquellos datos sugerían que una parte del electorado había utilizado su voto para expresar inconformidad, sin que ello implicara necesariamente una adhesión plena a quienes resultaron favorecidos.

Los demócratas habían ganado representación. Pero todavía debían demostrar que podían convertir aquella victoria en una respuesta a las preocupaciones ciudadanas.

Y los republicanos tenían que comprender por qué habían perdido posiciones.

La tensión apareció de inmediato. El 5 de noviembre, Associated Press informó que los demócratas planeaban investigar decisiones administrativas, contratos y posibles conflictos de interés.

Supervisar al presidente era una de sus responsabilidades. Pero muchos ciudadanos habían votado pensando en los precios, el empleo y el costo de la vida. Las nuevas mayorías tendrían que atender ambas exigencias.

Dos años antes, en noviembre de 2024, millones de estadounidenses habían respaldado el regreso de Donald Trump a la presidencia.

Ahora, parte del electorado expresaba su descontento con el rumbo del país.

No era posible afirmar que todos quienes habían votado contra los republicanos fueran antiguos simpatizantes de Trump.

Tampoco que todos compartieran las mismas razones para hacerlo.

Pero el mensaje electoral planteaba una exigencia común.

Las decisiones de quienes gobiernan tienen consecuencias.

Y los ciudadanos conservan la posibilidad de evaluar esas consecuencias mediante su voto.

Aquella evaluación no terminaría necesariamente en noviembre de 2026.

Los próximos dos años ofrecerían nuevas oportunidades para observar la actuación de ambos partidos.

Los demócratas tendrían que demostrar para qué habían conseguido sus mayorías.

Los republicanos tendrían que decidir cómo responder a las críticas y qué relación mantener con las decisiones presidenciales.

Y Donald Trump conservaría tiempo e instrumentos para gobernar bajo condiciones políticas diferentes.

La elección presidencial de noviembre de 2028 comenzaba a proyectar su influencia sobre cada uno de aquellos cálculos.

Pero había un problema previo.

Ninguno de los dos partidos había resuelto completamente su propia sucesión política.

Los demócratas arrastraban las consecuencias de sus experiencias presidenciales recientes.

Las derrotas de Hillary Clinton en 2016 y Kamala Harris en 2024, así como las controversias políticas que acompañaron los últimos años de la administración de Joe Biden, continuaban formando parte del debate sobre el rumbo del partido.

La organización contaba con gobernadores, antiguos funcionarios federales y dirigentes con experiencia.

Pero disponer de figuras conocidas no equivalía a haber construido un liderazgo capaz de reunir a sus distintas corrientes.

Los republicanos enfrentaban una situación diferente.

Donald Trump seguía ocupando el centro de su vida política.

Su influencia podía favorecer determinadas candidaturas y dificultar el surgimiento de otras.

Al mismo tiempo, figuras como J. D. Vance y Marco Rubio adquirían experiencia y exposición pública desde sus responsabilidades institucionales.

Aquellas posiciones podían fortalecer sus trayectorias.

También podían vincularlos directamente con decisiones que una parte del electorado cuestionaba.

Ambos partidos tenían aspirantes y recursos.

Pero todavía debían resolver qué clase de organización política querían representar.

Qué propuestas estaban dispuestos a defender.

Qué decisiones del pasado consideraban necesario explicar.

Y qué respuestas podían ofrecer a una sociedad cuyas preocupaciones no desaparecían cuando terminaba una campaña.

Porque los costos políticos de un gobierno no siempre terminan cuando concluye su mandato.

Pueden alcanzar a quienes intentan sucederlo.

También pueden convertirse en el punto de partida de una renovación.

La cuestión era si los partidos aprovecharían aquella oportunidad para revisar sus decisiones o se limitarían a trasladar sus conflictos hacia la siguiente elección.

La historia de Estados Unidos mostraba los riesgos de una confrontación prolongada.

Entre 1995 y 1996, las disputas presupuestarias entre el presidente Bill Clinton y el Congreso republicano provocaron dos cierres del gobierno federal.

En 2013, durante la presidencia de Barack Obama, otra confrontación produjo un cierre de dieciséis días.

Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, un desacuerdo sobre financiamiento provocó un cierre parcial que se prolongó durante treinta y cinco días.

Entre octubre y noviembre de 2025, ya en su segundo mandato, el cierre más largo de la historia se prolongó 43 días.

Y en 2026, el Departamento de Seguridad Nacional vivió el cierre más prolongado de un departamento federal: unos 75 días, hasta el 30 de abril.

Aquellos antecedentes no demostraban que el nuevo Congreso estuviera destinado a repetirlos.

Pero recordaban que las disputas institucionales podían trasladar sus costos al funcionamiento de la administración y a los servicios que reciben los ciudadanos.

El poder de supervisar podía fortalecer la democracia.

El poder de bloquear podía obligar a negociar.

Pero ninguno de esos instrumentos garantizaba, por sí mismo, mejores decisiones.

La confrontación también podía convertirse en una estrategia electoral.

Cada partido tendría incentivos para demostrar sus diferencias.

Y, en determinados asuntos, podría encontrar menos conveniente permitir que el adversario se atribuyera un éxito político que alcanzar un acuerdo compartido.

Pero existía una interpretación contraria.

La presión ciudadana también podía obligarlos a negociar.

Los legisladores podían comprender que bloquear indefinidamente decisiones necesarias tendría consecuencias electorales.

Y la Casa Blanca podía reconocer que gobernar bajo nuevas mayorías requería acuerdos.

El resultado dependería de las decisiones que tomaran.

No solamente de las facultades que conservaran.

Una democracia no demuestra la eficacia de sus contrapesos por la intensidad de sus enfrentamientos, sino por su capacidad para establecer responsabilidades y producir decisiones institucionalmente sostenibles.

Había, además, otra dimensión.

Mientras Washington discutía sus propios límites, los demás gobiernos continuaban tomando decisiones.

China no tenía por qué suspender sus proyectos tecnológicos o industriales.

Rusia podía seguir buscando condiciones favorables a sus intereses.

Europa necesitaba responder a sus necesidades de defensa, energía y competitividad.

Y otros países podían intentar ampliar sus relaciones comerciales o diplomáticas.

No significaba que cada desacuerdo estadounidense representara una ventaja automática para sus competidores.

Tampoco que Estados Unidos estuviera condenado a perder influencia.

Pero la atención política, el tiempo y los recursos institucionales también tienen límites.

Una potencia puede conservar grandes capacidades militares, económicas y tecnológicas.

Y aun así encontrar dificultades para convertirlas en decisiones oportunas.

El mundo no estaba obligado a esperar a que Washington resolviera sus contradicciones.

Aquella era otra conclusión de la investigación.

El poder de un país no dependía únicamente de su capacidad para influir sobre otros.

También dependía de cómo administraba sus propias restricciones.

Y ninguna potencia podía controlar por completo las decisiones de sus adversarios, sus aliados o sus ciudadanos.

Nuestra hipótesis inicial quedaba así confirmada, con un ajuste.

Las elecciones de noviembre habían modificado las condiciones políticas bajo las cuales Donald Trump ejercería la presidencia.

Las nuevas mayorías podían elevar los costos de determinadas decisiones, ampliar la supervisión del Ejecutivo y condicionar futuros acuerdos presupuestarios.

Pero todavía no habían demostrado que fueran capaces de establecer límites efectivos en todas las materias.

Tampoco que la confrontación fuera inevitable.

El ajuste tenía que ver con los propios ciudadanos.

La evidencia respaldaba que la elección expresó una demanda de contrapesos. No permitía afirmar que fuera un respaldo a los demócratas.

El Congreso no había ejercido ese contrapeso cuando tuvo las mayorías para hacerlo, y el electorado intentó restablecerlo desde fuera.

Los dos partidos tenían un rechazo parecido. La diferencia en el rechazo intenso a los dos partidos rondaba los diez puntos.

Qué movió a cada votante —desgaste, castigo o freno— seguía siendo una interpretación. Pero el mensaje común era más modesto y, quizá, más exigente: nadie había recibido un cheque en blanco.

El presidente conservaba facultades.

El Congreso dispondría de nuevos instrumentos políticos.

Los partidos comenzarían a preparar su sucesión.

Y los ciudadanos tendrían oportunidades para evaluar qué había hecho cada uno con sus responsabilidades.

No había un desenlace escrito de antemano.

Había decisiones pendientes.

Y detrás de todas ellas, personas.

Familias que necesitaban estabilidad para organizar su economía.

Trabajadores que dependían de la continuidad de sus empleos.

Agricultores que calculaban cuánto costaría producir y transportar sus cosechas.

Comunidades que esperaban que las decisiones sobre seguridad no convirtieran sus vidas en una nueva incertidumbre.

Y, fuera de Estados Unidos, poblaciones cuyas condiciones podían verse afectadas por decisiones tomadas en Washington.

Las experiencias eran diferentes.

Pero todas recordaban una responsabilidad compartida por quienes ejercían el poder.

Las cifras económicas podían mejorar sin que todas las familias sintieran inmediatamente un alivio.

Las decisiones militares podían proyectar fuerza y producir, al mismo tiempo, nuevos riesgos.

Las investigaciones políticas podían esclarecer responsabilidades o transformarse en enfrentamientos sin resultados suficientes.

Y las elecciones podían modificar la representación institucional sin resolver por sí solas los problemas que habían llevado a los ciudadanos a votar.

Los ciudadanos tenían límites.

Podían elegir a sus representantes, pero no controlar cada decisión de gobierno.

Los congresos también los tenían.

Podían supervisar, legislar y condicionar recursos, pero no sustituir todas las facultades del Ejecutivo.

Los presidentes encontraban restricciones constitucionales, económicas y políticas.

Y los países, incluso los más poderosos, debían reconocer la capacidad de acción de otros gobiernos y sociedades.

Nadie tenía un poder ilimitado.

Pero quienes disponían de mayor capacidad para decidir también debían asumir una mayor responsabilidad por sus consecuencias.

La última ficha seguía sobre el tablero.

Los partidos comenzaban a calcular sus movimientos hacia 2028.

El presidente conservaba instrumentos para actuar.

El Congreso se preparaba para ejercer nuevas mayorías.

Y fuera de Washington, el mundo continuaba moviéndose.

Detrás de cada decisión y de cada voto había vidas.

Vidas que no podían esperar indefinidamente una respuesta, ni a que los poderosos terminaran su partida.

Porque el poder encuentra sus límites en las instituciones, en las circunstancias y en las decisiones de otros.

Pero también debería encontrarlos en la responsabilidad que tiene frente a las personas cuyas vidas alcanza.

Actualización al 14 de noviembre de 2026

Después del cierre de datos de esta investigación (10 de noviembre), ocurrieron estos hechos:

• La tensión con Irán continuó. Trump dijo el 12 de noviembre que Estados Unidos «ya no necesita un acuerdo». Irán y el Comando Central de Estados Unidos dieron versiones opuestas sobre un ataque con drones en Baréin. La Guardia Revolucionaria afirmó que otros petroleros tocaron minas en Ormuz, sin confirmación independiente.

• El índice de precios de octubre, publicado el 10 de noviembre, subió 0,4 por ciento en el mes. No incluye tasa anual, porque los precios de octubre de 2025 no se recolectaron durante el cierre de gobierno; la última tasa anual sigue siendo la de septiembre: 3,7 por ciento.

• El Brent rondaba entre 92 y 96 dólares por barril el 11 y el 12 de noviembre, por debajo del promedio de 114 dólares de septiembre. El 10 de noviembre, el galón de gasolina bajó de cuatro dólares en promedio nacional.

• Tras la votación del 10 de noviembre, Hegseth calificó los cargos de políticos y Trump lo respaldó.

• En Israel, el presidente Isaac Herzog encargó el 8 de noviembre a Gadi Eisenkot formar gobierno; Netanyahu sigue como primer ministro en funciones.

• La posible reunión de Trump, Xi y Putin podría ocurrir en la cumbre de APEC en Shenzhen, el 18 y 19 de noviembre. Hasta el 14 de noviembre no estaba confirmada.

Bibliografía documental por capítulo

I. Después de las urnas

1. Associated Press, 5 de noviembre de 2026. Calling control of Congress in the 2026 midterm elections.

2. Associated Press, 4 de noviembre de 2026. How Trump and Republicans lost the 2026 midterm elections, according to The AP Voter Poll.

https://apnews.com/article/ba1689d8402415d26ad32f4fa80ab2f9

II. El poder de poner límites

1. U.S. House Clerk, 3 de junio de 2026. Roll Call 199: H. Con. Res. 86 (215–208).

https://clerk.house.gov/evs/2026/roll199

2. The American Presidency Project, 23 de junio de 2026. Statement of Administration Policy: H. Con. Res. 86.

https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-administration-policy-h-con-res-86-directing-the-removal-united-states-armed-0

3. U.S. House Clerk, 22 de julio de 2026. Roll Call 281: H. Con. Res. 113 (216–214).

https://clerk.house.gov/Votes/2026281

4. House Budget Committee, 22 de julio de 2026. House Advances Reconciliation to Support Our Troops and Secure Our Elections.

https://budget.house.gov/press-release/house-advances-reconciliation-to-support-our-troops-and-secure-our-elections

III. El margen de maniobra

1. Reuters, 2 de septiembre de 2026. Trump aides, fearing a midterm rout, push to keep Iran war quiet for now.

https://www.investing.com/news/world-news/trump-aides-fearing-a-midterm-rout-push-to-keep-iran-war-quiet-for-now-4885680

2. Reuters, 9 de septiembre de 2026. Trump advisers warn Iran conflict may last through end of his term, WSJ reports.

https://www.investing.com/news/politics-news/trump-advisers-warn-iran-conflict-may-last-through-end-of-his-term-wsj-reports-4894759

3. Reuters, 8 de octubre de 2026. Trump: productive talks with Iran; no new attack before November elections.

https://www.investing.com/news/commodities-news/trump-us-having-productive-talks-with-iran-will-not-attack-before-us-elections-in-november-4939501

4. U.S. Energy Information Administration, 6 de octubre de 2026. Short-Term Energy Outlook: Global oil markets.

https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/global_oil.php

5. International Energy Agency, 14 de octubre de 2026. Oil Market Report — October 2026.

https://www.iea.org/reports/oil-market-report-october-2026

IV. Los otros jugadores del tablero

1. Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, 14 de septiembre de 2016. Israel and the US Conclude New MOU on Security Assistance.

https://embassies.gov.il/MFA/PressRoom/2016/Pages/Israel-and-the-US-Conclude-New-MOU-on-Security-Assistance-14-September-2016.aspx

2. Departamento de Estado de EE. UU., documento original del acuerdo 2016. Memorandum of Understanding.

https://2009-2017.state.gov/documents/organization/265160.pdf

3. Reuters, 6 de noviembre de 2026. Can the US Democrats’ Blue Wave election sweep buoy Ukraine?

https://www.investing.com/news/politics-news/can-the-us-democrats-blue-wave-election-sweep-buoy-ukraine-5007254

4. Ministerio de Relaciones Exteriores de China, 4 de noviembre de 2026. Conferencia de prensa de Mao Ning (español).

https://www.fmprc.gov.cn/esp/xwfw/lxjzzdh/202611/t20261108_12055598.html

V. ¿Qué Trump podemos esperar?

1. Constitución de Estados Unidos, Artículo I, Sección 7 (procedimiento de veto).

https://constitution.congress.gov/browse/article-1/section-7

2. Associated Press, 4 de noviembre de 2026. Resultados y reacciones a la elección legislativa.

https://apnews.com/article/f126e12e05b579a327b98481c0ae2226

VI. Los límites del poder

1. Associated Press, noviembre de 2026. AP Voter Poll: prioridades y contrapesos.

https://apnews.com/article/ba1689d8402415d26ad32f4fa80ab2f9

2. Congressional Research Service, informe RS20348. Shutdown of the Federal Government: Causes, Processes, and Effects.

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/RS20348

Fuentes complementarias

AP Voter Poll vía WSB-TV, 4 nov 2026: https://www.wsbtv.com/news/politics/how-america-voted/UZKK7XAMRM53RPDK42EEMKKSS4/

CSIS, 13 jul 2026. War Costs Make Up a Third of the $87.6 Billion Supplemental Request: https://www.csis.org/analysis/war-costs-make-third-876-billion-supplemental-request

Al Jazeera, 17 ago 2026. US-Iran memorandum of understanding expires: https://www.aljazeera.com/news/2026/8/17/us-iran-memorandum-of-understanding-expires-how-and-why-it-fell-apart

BLS, 14 oct 2026. Consumer Price Index – September 2026: https://www.bls.gov/news.release/archives/cpi_10142026.htm

AP vía ABC30, 4 nov 2026. Iranian officials say midterm results show US voters have rejected Trump’s war: https://abc30.com/story/iranian-officials-say-midterm-results-show-us-voters-have-rejected-trumps-war/20015104/

Al Jazeera, 8 mar 2026. Iran names Mojtaba Khamenei as new supreme leader: https://www.aljazeera.com/news/2026/3/8/iran-names-khameneis-son-as-new-supreme-leader-after-fathers-killing-2

AP vía ABC30, 3 nov 2026. US will halt $4B aid to Israel, Trump says: https://abc30.com/story/us-will-halt-4b-aid-israel-mideast-ally-shifts-buying-military-hardware-trump-says/20011786/

The Express Tribune, 4 nov 2026. Trump acknowledges Iran role in Democratic sweep: https://tribune.com.pk/story/2638598/trump-acknowledges-iran-role-in-democratic-sweep

BLS, 6 nov 2026. The Employment Situation – October 2026: https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm

AAA, 8 nov 2026. Gas prices: https://gasprices.aaa.com/news/

WTOP/AP, nov 2025. Fin del cierre de 43 días: https://wtop.com/congress/2025/11/house-returns-for-vote-to-end-the-government-shutdown-after-nearly-2-months-away

L’Adige/RIA Novosti, 4 nov 2026. Riabkov sobre la política exterior rusa: https://www.ladige.it/attualita/mosca-la-politica-estera-russa-non-dipende-dalle-fluttuazioni-di-altri-paesi-okt59b6e

Voz, 25 sep 2026. Votación del Senado 49–50: https://voz.us/en/politics/260925/39384/

AP-NORC, 15 oct 2026. Ahead of the midterms, most voters cite the economy and cost of living as top issues: https://apnorc.org/projects/ahead-of-the-midterms-most-voters-cite-the-economy-and-cost-of-living-as-top-issues-and-favor-political-change/

ABC News, nov 2026. Voter Polls for 2026 US House Election (39 730 entrevistas sobre opinión de los partidos): https://abcnews.com/Elections/polls-2026-us-house-election-results-analysis

ABC News, nov 2026. Repudiation of Trump, economic pain drove Democrats to victory in the House: https://abcnews.com/Politics/abc-news-voter-polls-explain-democrats-won-us/story?id=137687246

AEI, nov 2026. The Exit Polls from A–Z: What Motivated Voters in 2026: https://www.aei.org/commentary/the-exit-polls-from-a-z-what-motivated-voters-in-2026/

Al Jazeera, 2 nov 2026. How the president’s party has fared in every US midterm election since 1946: https://aljazeera.com/news/2026/11/2/how-the-presidents-party-has-fared-in-every-us-midterm-election-since-1946

Jewish Insider, jun 2026. House passes Iran war powers resolution (Meeks; cuatro republicanos a favor): https://jewishinsider.com/2026/06/house-passes-iran-war-powers-resolution/

KPBS/NPR, 23 jun 2026. In symbolic vote, Congress directs Trump to remove forces from Iran war: https://www.kpbs.org/news/politics/2026/06/23/in-symbolic-vote-congress-directs-trump-to-remove-forces-from-iran-war

CBS News, 9 nov 2026. Massie introduces impeachment articles against Hegseth: https://www.cbsnews.com/news/pete-hegseth-impeachment-vote-house-thomas-massie/

CBS News, 10 nov 2026. House blocks Massie’s effort to impeach Hegseth, voting to kill resolution: https://www.cbsnews.com/news/massie-hegseth-impeachment/

Stars and Stripes, 10 nov 2026. Republican-led House blocks effort to impeach Hegseth: https://www.stripes.com/theaters/us/2026-11-10/house-vote-hegseth-impeachment-massie-23427346.html

Cronkite News, 10 nov 2026. House GOP derails Hegseth impeachment: https://cronkitenews.azpbs.org/2026/11/10/hegseth-impeachment-derailed/

Roll Call, 19 may 2026. Massie ousted in Kentucky primary by Trump-backed challenger: https://rollcall.com/2026/05/19/massie-ousted-in-kentucky-primary-by-trump-backed-challenger/

Stars and Stripes, 3 nov 2026. US strikes Iran’s Qeshm Island near Hormuz: https://www.stripes.com/theaters/middle_east/2026-11-03/us-strikes-iran-qeshm-island-hormuz-23348317.html

NBC New York, nov 2026. US military conducts limited strikes on Iran’s Qeshm Island: https://www.nbcnewyork.com/news/national-international/us-military-limited-strikes-iran-qeshm-island/6566560/

Al Jazeera, 29 oct 2026. Israel election result shows no overall majority as vote count complete: https://www.aljazeera.com/news/2026/10/29/israel-election-result-shows-no-overall-majority-as-vote-count-complete

CBS News, 3 nov 2026. Entrevista con Trump sobre el veto: https://www.cbsnews.com/news/trump-midterm-election-2026-interview/

Fox Business, 9 oct 2026. CBO: déficit del año fiscal 2026 de 1 billón 993 mil millones de dólares: https://www.foxbusiness.com/politics/federal-budget-deficit-hits-2t-national-debt-costs-surge

Associated Press, 5 nov 2026. Planes demócratas de investigación: https://apnews.com/article/ab332d745571d36c5512e7e3beab6d59

KPBS/NPR, 30 abr 2026. Congress ends record shutdown at the Department of Homeland Security: https://www.kpbs.org/news/politics/2026/04/30/congress-ends-record-shutdown-at-the-department-of-homeland-security

Al Jazeera, 8 nov 2026. Israel’s president tasks Eisenkot to form new coalition government: https://aljazeera.com/news/2026/11/8/israels-president-tasks-eisenkot-to-form-new-coalition-government

Siasat/PTI, 11 nov 2026. Israel’s new Knesset sworn in as Eisenkot races to form govt: https://www.siasat.com/israels-new-knesset-sworn-in-as-eisenkot-races-to-form-govt-3573882/amp/

ABC News, 10 nov 2026. Consumer prices increased 0.4% in October: https://abc7.com/story/consumer-prices-increased-04-october-higher-expected/20029965/

StockAnalysis, 10 nov 2026. US consumer prices rise 0.4% in October: https://stockanalysis.com/news/us-cpi-rises-october-2026/

AP vía WOWT, 10 nov 2026. Average price of gas falls below $4 a gallon across the US: https://www.wowt.com/2026/11/10/average-price-gas-falls-below-4-gallon-across-us/

OPB, 10 nov 2026. Gas prices dip below $4, but inflation stays stubbornly high: https://www.opb.org/article/2026/11/10/gas-prices-dip-below-dollar4-but-inflation-stays-stubbornly-high/

Trading Economics, nov 2026. Brent crude oil: https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil/news/600509

Breaking Defense, 10 nov 2026. House opts to stall Hegseth impeachment vote, sending resolution to Judiciary Committee: https://breakingdefense.com/2026/11/house-opts-to-stall-hegseth-impeachment-vote-sending-resolution-to-judiciary-committee/

Rio Times, 11 nov 2026. APEC Shenzhen summit: what to watch: https://www.riotimesonline.com/apec-shenzhen-summit-what-to-watch/

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